• Quienes somos

    Temas Comunicaciones es un empresa periodística que efectúa outsourcing en materia informativa, con veinte años de experiencia especializada en el seguimiento y cubrimiento de información legislativa derivada del Congreso de la República de Colombia.
  • Qué hacemos

    A través de nuestros productos, suplimos los requerimientos informativos empresariales. Hacemos seguimiento especializado a los temas legislativos de impacto empresarial. Somos expertos en detectar, interpretar y transmitir información de implicación legislativa.
  • El Diario Electronico

    Síntesis informativa completa sobre la actividad del Congreso Nacional con noticias sobre pronunciamientos parlamentarios, trámite de proyectos de ley, desarrollo de la agenda de comisiones y Plenarias y el resultado de la misma. Circula empresarialmente en todo el país y en el exterior.
  • Base de Datos Legislativa

    Plataforma de consulta directa al seguimiento y trámite de los Proyectos actualizado en tiempo real. Permite la Consulta directa de datos específicos de cada proyecto de ley o de acto legislativo  y sus correspondientes textos actualizados a la fecha. Gracias a nuestra plataforma informática propia se puede consultar de manera versátil y amigable.
  • Asistencia informativa empresarial

    Informes especiales y reportes periódicos personalizados oportunos para su empresa. Seguimiento legislativo personalizado con envío de reportes periódicos por tipo de información, complejidad y extension de acuerdo a su preferencia.  Permite disponer de informacion de interés directo por una fuente fiable, objetiva y experta al momento de producirse y de manera ágil podrá evaluarla, difundirla internamente y tomar acciones precisas.
  • Soluciones Individuales

    Contamos con productos informativos enfocados a los usuarios particulares que requieren conocer de primera mano las decisiones y novedades en el Congreso de la República como base para su gestión profesional.

    

    Convocadas elecciones el próximo 15 de abril

    El Gobierno Nacional expidió este viernes dos decretos por medio de los cuales se convocan a elecciones para la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación del departamento del Amazonas para el próximo 15 de abril. Como gobernador encargado del Amazonas fue designado César Antonio Lugo Morales.

    Los dos decretos, llevan las firmas del Presidente de la República y del Ministro del Interior, y manifiestan que las convocatorias a elecciones se hacen en los términos del artículo 30 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

    El Decreto No. 295 de 2018  dispone que en la citada fecha se realizarán los comicios para escoger al alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Cartagena.

    Igualmente, se ordena comunicar el contenido de ese decreto al alcalde encargado de la capital de Bolívar, Sergio Alfonso Londoño, a la Gobernación de Bolívar, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral.

    El segundo es el Decreto 294 de 2018 y dispone el retiro del cargo de gobernador del Amazonas del señor Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y designa como gobernador encargado al señor César Antonio Lugo Morales.

    También señala la convocatoria a elecciones para gobernador del departamento del Amazonas para el 15 de abril.

    El contenido del Decreto 294 se comunicará al gobernador encargado, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y al señor Carebilla Cuéllar.

    CONSULTE DOCUMENTOS RELACIONADOS

    Decreto 294

    Decreto 295

    Llaman a participación en delimitación de San Turban

    El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de la Orden Quinta de la Sentencia T-361 de 2017 y en el marco del procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo, invita a la comunidad del macizo de Santurbán y personas interesadas   a la apertura del proceso de participación que se adelantará para la expedición del acto administrativo a través del cual se sustituya la Resolución 2090 de 2014, por medio de la cual se delimitó el Páramo Jurisdicciones –Santurbán –Berlín.

    Estas sesiones están programadas para los días 03, 16 y 18 de marzo del 2018 con el fin de llevar a cabo la fase informativa del proceso de participación, correspondiente a dar a conocer los estudios y el procedimiento realizado para la expedición de la Resolución 2090 de 2014, por medio de la cual se delimitó el Páramo Jurisdicciones –Santurbán –Berlín, bajo la siguiente distribución de los nodos, así:

     

    Esta sesión tiene como objetivo dar a conocer los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR); el sustento técnico del área de referencia entregado por el Instituto de Investigación Científicas Alexander von Humboldt, así como el procedimiento realizado para la expedición de la Resolución 2090 de 2014, por medio de la cual se delimitó el Páramo Jurisdicciones –Santurbán –Berlín.

    Se darán a conocer las propuestas preliminares de:

    • Los elementos generales que tendrá el programa de sustitución y reconversión,
    • Coordinación con las autoridades locales y regionales del sistema de fiscalización de gestión de la resolución;
    • Los parámetros de protección de las fuentes hídricas que se encuentran en la estrella fluvial de Santurbán;
    • La instancia de coordinación permanente entre autoridades públicas y asociaciones que poseen intereses convergentes en la administración de los recursos del Páramo Jurisdicciones –Santurbán –Berlín; y
    • El modelo de financiación que facilite la articulación de aportes y obtención de recursos que provengan de diferentes agentes públicos y/o privados con el objeto de lograr la sostenibilidad económica de la gestión ambiental del Páramo de Santurbán Jurisdicciones –Santurbán –Berlín.

    Adicionalmente, en esta sesión informativa se dará a conocer la propuesta de abordaje del procedimiento para la nueva delimitación del Páramo, las fases subsiguientes y se pondrán en consideración los derechos y deberes de los participantes en el procedimiento, entre otras materias, esperando obtener propuestas y ajustes sobre el desarrollo del procedimiento de acuerdo a las necesidades especiales en cada escenario local.

    Columna de opinión "Es imperativo avanzar en la reforma rural integral"

    A continuación compartimos a nuestros lectores la columna de opinión denominada “Es imperativo avanzar en la reforma rural integral” suscrita por el senador indígena Marco Anibal Avirama por la Alianza Social Independiente ASI. Avirama fue diputado del Cauca a nombre de la Alianza Social Indígena entre 2001 y 2003. Además, presidió su partido entre 2003 y 2009.

    Es imperativo avanzar en la reforma rural integral

    Por: Marco Aníbal Avirama

    La no resolución del tema agrario es una de las causas fundamentales que dio origen al conflicto armado en nuestro país; por tal razón uno de los puntos más álgidos y de mayor relevancia en las conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC-EP fue la reforma rural integral, ocupando el primer punto del acuerdo final donde se sentaron las bases para la transformación del campo, erradicar la pobreza rural extrema y disminuir en un 50% la pobreza en el sector rural en un término de 10 años; para ello se acordó la formalización de tierras, programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes para la reforma rural integral para superar la desigualdad de la población rural.

    La reforma rural es un tema que no ha sido posible resolver en las últimas décadas y este debate ha sido aplazado en distintos momentos por el poder político y económico que se ha opuesto, mientras al contrario aseguraban un mayor acaparamiento de tierras por unos pocos; lo acordado en la Habana abre la posibilidad para que el país pueda consolidar de manera efectiva y eficiente una reforma rural estructural que transforme el campo colombiano.

    En efecto el gobierno nacional socializó con distintos gremios empresariales del sector, el proyecto que se denominó Ley de Tierras, que modificaba la Ley 160 de 1994; dicha propuesta desató muchos debates que evidenciaron los poderosos intereses que giran alrededor de la propiedad y uso de la tierra, al tiempo que por razones diferentes encontró también resistencia entre organizaciones agrarias, analistas y defensores de derechos humanos; ante la pocas probabilidades de expedir una ley agraria en el marco de la vía rápida, el gobierno nacional optó por la expedición del Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017, que se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

    El alto tribunal constitucional debe verificar entre otros aspectos, si el gobierno nacional garantizó el derecho de consulta previa e informada de las comunidades étnicas del país; recordemos que en el año 2009 este alto tribunal declaró la inexequibilidad de la ley 1152/07 por la cual se expidió el Estatuto de desarrollo rural porque no se consultó a las comunidades indígenas de manera previa a su aprobación. Por su parte la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte la declaratoria de inconstitucionalidad de la totalidad de la normativa, puesto que en su expedición no cumple con el requisito de “estricta necesidad”, ya que podía ser presentado ante el Congreso para ser tramitado por vía fast track; sin embargo, solicitó que los efectos fueran diferidos a un año para que el legislativo regulara la materia.

    Durante el trámite de revisión, la Corte Constitucional citó a una audiencia pública, en la cual se estableció “que el Decreto Ley 902 es fundamentalmente instrumental, así que no genera cambios en el régimen agrario”, los temas gruesos y complicados deberán ser discutidos en el Congreso de la República, previa consulta y consentimiento libre e informado de las poblaciones étnicas.

    A la fecha, el ministerio de agricultura está trabajando en el proyecto de ley de tierras, cuyo articulado fue dado a conocer en octubre del 2017 para ser sometido a consulta previa. En noviembre de 2017, las organizaciones indígenas, la comisión colombiana de juristas, la mesa nacional de unidad agraria, entre otras, suscribieron un comunicado rechazando en su integridad el borrador del proyecto de ley, considerándolo regresivo, por cuanto desconoce el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos, reduce la participación de los campesinos, impone el modelo extractivo (minería, petróleo, agroindustria), favoreciendo la acumulación de tierras; no garantiza la protección a la propiedad ancestral, entre otras razones1. A la fecha y después de un proceso complejo, el gobierno nacional no ha logrado concretar con las comunidades negras y pueblos indígenas, la ruta del proceso de consulta previa sobre esta norma que los afecta.

    Si se suma a lo anterior que los proyectos de ley que habilita el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales, y el de adecuación de tierras, fueron archivados por vencimiento de términos, se observa un panorama desalentador en materia agraria para la materialización de medidas legislativas que permitan desarrollar de manera eficiente y eficaz el acuerdo final.

    Este panorama nos lleva a concluir que para lograr la implementación efectiva del primer punto del acuerdo final deben confluir distintos factores, tales como la voluntad política del gobierno y del congreso, así como contar con la participación activa del movimiento campesino y el consentimiento de las comunidades étnicas. Estas últimas seguramente llevarán la carga más pesada de presión e incidencia para lograr una reforma rural transformadora.

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